La diputada liberal Ángela María Cano fue muy hábil cuando pidió al juez 27 Penal Municipal con Función  de Garantías, Hernán Ospina Rodríguez, que le diera detención domiciliaria y permiso para asistir a la Asamblea.

Ella esgrimió que necesitaba asistir a la Asamblea, o de lo contrario se vería en riesgo la manutención de sus hijos porque de su labor como diputada depende el sustento de la familia.

El juez le concedió la posibilidad pero sólo para trabajar en las sesiones. El secretario de la Mesa Directiva de la Asamblea, Manuel Darío González, preguntó al juez qué entiende él por trabajar.

El juez respondió que el permiso implica la asistencia a las sesiones nada más y si requiere realizar otro tipo de actividad la debe solicitar con antelación.

En ese orden de ideas Cano no puede despachar desde su oficina, andar por los pasillos de la Duma, en la plazoleta de Alpujarra, mejor dicho la restricción está concentrada exclusivamente para estar en el recinto durante las sesiones.

La situación de Cano da para un debate jurídico en el sentido de en qué momento comienza y termina la labor de un diputado, analizando el  permiso que le concedió el juez, porque resulta algo muy subjetivo.

Con relación al diputado de la U, Jorge Hernández Quiñonez, quien también tiene detención domiciliaria, está pendiente en próxima audiencia para solicitar a su juez  que le conceda el mismo permiso que tiene su colega.

Si un diputado falta a la Asamblea en tres ocasiones, sin causa justificada, la Ley dice que puede ser motivo para pérdida de curul, nos informó el secretario de la Mesa Directiva, Manuel Darío González.

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