REFORMAS PENSIONAL Y LABORAL A TRAVÉS DE DECRETO
Por Juan Carlos Hurtado Ochoa
Mediante el decreto 1174 del 27 de agosto el Gobierno Nacional hizo de rapidez reformas pensional y laboral abriendo espacio para que menos gente devengue un salario mínimo, y pueda pensionarse.
El decreto abre la puerta para que quienes tengan trabajo por horas y contratos de prestación de servicios por valores menores al salario mínimo, hagan aportes a los Beneficios Económicos Periódicos BEPS con sus empleadores y contratantes, pero con unos pecados que pasamos a explicar.
Quien haga aportes a los BEPS nunca va a construir una pensión digna, porque se trata de un sistema de ahorro, en el que cuando cumpla la edad simplemente le reparten el recurso cada dos meses como ocurre hoy con sumas no mayores a 200 mil pesos.
Tampoco operan las pensiones de invalidez y sobreviviente, pues el sistema aplica unos micro-seguros, y al ocurrir alguno de los mencionados eventos, entregan una indemnización económica pequeña.
Más grave aún, es que quienes acudan a la figura del decreto no tendrán derecho al pago de incapacidades de origen laboral y común, puesto que continúan en el régimen subsidiado en salud que no cubre esos eventos.
Los empleadores podrán aprovechar el decreto para ampliar sus plantas de personal, pagar menos, y no responder por el pago de seguridad social convencional que cubre contingencias importantes, y de paso precarizando el trabajo decente.
Nuestra recomendación es no caer en el juego de los BEPS, porque la idea es que pensemos en la construcción de una pensión de vejez, o en su defecto, cubrir situaciones de invalidez o muerte.
En lo posible, si está laborando, trate de estar afiliado al régimen contributivo en salud, riesgos laborales y pensiones, porque el futuro es incierto y es mejor estar cubierto ante cualquier adversidad derivada de una enfermedad de origen común o laboral.
Sospechamos que el Gobierno Nacional no tiene intención de promover el trabajo decente. Por el contrario, abre puertas peligrosas para que más personas estén lejos de una pensión, del pago de incapacidades, y estar a merced de la explotación laboral.
A todas luces este decreto tiene serios vicios de inconstitucionalidad al pretender hacer reformas pensional y laboral sin una discusión seria en el Congreso de la República.
