Dizque demanda penal…
Nos causó extrañeza que el concejal y abogado Carlos Mario Mejía Múnera esté hablando de acciones penales contra quienes dieron a conocer listados de líderes que manejan presupuesto participativo, para supuestamente beneficiar al candidato a la Alcaldía de Medellín Gabriel Jaime Rico Betancur.
El argumento del concejal liberal es que varios líderes recibieron en sus correos electrónicos y lugares de residencia, supuestamente felicitaciones y saludos de la campaña del candidato Rico Betancur.
Mejía Múnera explicó que hay una flagrante violación del habeas data y protección de datos (Ley 1581 de 2012 y reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013) y por esa razón habría acciones penales contra quienes estén proporcionando información privilegiada.
Lo que tal vez olvida el concejal es que hay un principio de buena fe, y habría que demostrar que la información se habría manejado con fines oscuros y para generar daño.
Revisamos las sanciones que contempla la Ley y encontramos que en materia privada las interpone la Superintendencia de Industria y Comercio y son de tipo económico, y en materia pública se trasladan las quejas a la Procuraduría General de la Nación.
Mejor dicho, en materia penal tendría que demostrar el Concejal que la campaña de Rico Betancur al tener acceso a los listados (que son de público conocimiento en las páginas oficiales de la Administración, asegura la gerencia de la campaña) tuvo como objeto generar daño que sí podría ser revisado de cara al Código Penal Colombiano en la presunta comisión de delitos como hurto, homicidio, extorsión y otros. Lo que obviamente no ha ocurrido.
Más bien el problema estaría dirigido hacia participación en política de funcionarios públicos quienes estarían manipulando la información de líderes para que apoyen a determinados candidatos. Pero esa teoría también es discutible porque habría que determinar cuál es la condición de los líderes comunales que manejan presupuesto participativo de cara a una contienda electoral.
