Por Juan Carlos Hurtado Ochoa

El alcalde Daniel Quintero Calle no ha demandado a los contratistas de EPM que adelantan la construcción del proyecto  Hidroituango.

Lo que presentó fue una solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de llegar a un acuerdo de pago de los 9.9 billones de pesos pretendidos.

Aunque el ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía Mejía, sostuvo en Gran Ciudad que era necesario evacuar ese requisito de procedibilidad para presentar la demanda, el abogado David Suárez  Tamayo, aseguró  que ese punto no es obligatorio cuando quien demanda es una entidad pública. Y agregó que el mandatario local está confundiendo a la ciudad.

A su turno Mejía Mejía precisó que Quintero Calle está haciendo lo correcto, que no era menester consultar a la Junta Directiva y además recordó que durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se expidió un decreto mediante el cual se prohibía que miembros de juntas de empresas industriales y comerciales del Estado, y de otras con objetos similares, tuvieran conflictos de intereses, como evidentemente ocurrió con algunos de los salientes de la entidad.

Precisamente en las últimas horas Alberto Preciado, abogado y empresario y escogido para ser nuevo miembro de junta dijo lo siguiente: “Decliné ayer viernes el ofrecimiento de participar en la Junta de EPM. Después de un estudio riguroso, encontré que podría haber vasos comunicantes indirectos, con algunas de las juntas directivas a las que pertenezco y así lo manifesté pensando en el bienestar de EPM y de las empresas que me han honrado como miembro de sus Juntas Directivas. Esta decisión protege a la empresa y considero que es la correcta”.

Tanto para Mejía Mejía como para Suárez Tamayo esa conciliación no va a prosperar por el monto de la misma, y el documento de 300 páginas es prácticamente el sentido y contenido de la demanda que sería presentada una vez fracase la audiencia.

Otro asunto es que probablemente los contratistas darán a conocer información desconocida en su defensa, y dirán que recibieron órdenes de EPM y por ello negarán responder como autores exclusivos de los atrasos y posibles errores en la obra.

Finalmente Mejía Mejía concluyó que si Quintero Calle no hubiera iniciado el proceso jurídico, podría ser investigado fiscalmente por omitir un posible detrimento patrimonial de la empresa pública que tiene a su cargo.