PODRÍAN DENUNCIAR FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL EN REVOCATORIA CONTRA ALCALDE DANIEL QUINTERO CALLE
“La revocatoria en Medellín sirvió para demostrar que los órganos que imparten justicia no se ponen de acuerdo”.
Por Juan Carlos Hurtado Ochoa
La revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero Calle podría entenderse como un choque de trenes entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Registraduría.
La Registraduría emitió resolución (y con justa razón) al señalar que no era competente para certificar si los topes económicos utilizados para la recolección de firmas eran los establecidos.
Se apoyó en la LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015. ARTÍCULO 15. Certificación. Vencido el término de verificación del que trata el Artículo anterior y hechas las verificaciones de ley, el respectivo Registrador del Estado Civil certificará el número total de respaldos consignados, el número de apoyos válidos y nulos y, finalmente, si se ha cumplido o no con los requisitos constitucionales y legales exigidos para el apoyo de la propuesta de mecanismo de participación democrática.
PARÁGRAFO . “El Registrador del Estado Civil correspondiente no podrá certificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales cuando el promotor no haya entregado los estados contables dentro del plazo contemplado en esta ley o cuando los estados contables reflejen que la campaña excedió los topes individuales y generales de financiamiento permitidos por el Consejo Nacional Electoral”.
Cuando la Registraduría pidió aclaración del fallo al Tribunal Administrativo de Antioquia, fue precisamente porque el órgano no definió el tema de los montos en la decisión y pretendía que lo hiciera quien no era competente para ello y lo certificara. Mejor dicho, el Tribunal tiró la pelota con el riesgo de que la Registraduría incurriera en error.
De acuerdo con el ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía Mejía, es probable que los revocadores acudan a denuncia por presunto fraude a resolución judicial ante la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía seguramente tampoco podrá desenredar el fallo tan contradictorio del Tribunal Administrativo de Antioquia.
