Alcaldes, congresistas, diputados y concejales ilegales: ¡LEA AQUÍ TODOS LOS RECOVECOS!
Varias veces el joven abogado Andrés Fernando Mesa Valencia advirtió que gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales, y congresistas elegidos después del 2011 por el Partido Liberal estarían ostentando sus cargos de manera ilegal.
Nadie le paró bolas cuando le dijo en 2011 al ex director nacional de la colectividad, Rafael Pardo Rueda y al senador Juan Fernando Cristo, que era improcedente cambiar los estatutos aprobados en 2002 para acomodarlos a su conveniencia, supuestamente cumpliendo con la ley 1475 y entregar avales a dedo sin la autorización del Tribunal del Partido por medio de una simple resolución. El tiempo le dio la razón y el Consejo de Estado en sentencia de 2015 tumbó los estatutos ilegales de Pardo.
Ahora más de uno está asustado porque la advertencia que hiciera Mesa Valencia ya arrojó sus primeros resultados: el Consejo de Estado en segunda instancia anuló la elección de la concejala de Sincelejo, Lizeth Paola González Oviedo, por los mismos hechos que ha venido denunciando Mesa Valencia, especialmente que los avales fueron entregados por el Secretario del Partido, Héctor Olimpo Espinosa, cuando este no estaba facultado estatutariamente, seguramente la misma suerte correrán los otros tres concejales de la lista que ya fueron demandados al igual que el alcalde de Sincelejo y la alcaldesa de Sincé en Sucre.
En mayo del presente año, durante la realización de la fallida Asamblea Liberal, el abogado antioqueño le dijo a los congresistas Horacio Serpa Uribe, Óscar Hurtado Pérez y Sofía Gaviria que no tiraran la plata en la realización de un congreso liberal porque no se encontraban facultados para hacerlo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón suspendiendo dicho Congreso: la suma gastada, y no aprovechada, fue de unos mil millones de pesos por la terquedad de los organizadores.
Lo grave del asunto, es que cualquier ciudadano podría demandar administrativamente por nulidad la elección de cualquier miembro de la colectividad roja que hoy esté ocupando una curul o cargo de elección popular.
Lo ocurrido en Sincelejo marca un precedente que los tribunales no podrán desconocer, porque el Consejo de Estado tiene claro que aunque los estatutos son creaciones de carácter privado en los partidos políticos, su incidencia en lo público determina que están regidos por los principios constitucionales como la moralidad administrativa.
Mejor dicho, alcaldes, concejales y diputados de Antioquia del Partido Liberal tienen que estar muy preocupados por las demandas que vendrán de nulidad. Y lo más probable es que las demandas sean contra las listas para que nadie pueda suceder a quien resulte afectado con esa decisión.
La solución de momento al problema que se le avecina al Partido Liberal es que convoque cuanto antes a un congreso liberal extraordinario con los miembros que asistieron en 2009, para que hagan los correctivos que sean necesarios y vuelvan a aplicarse los estatutos de 2002 y no la polémica resolución de Pardo Rueda que carece de validez y fue sustento de los cuestionados avales.
Al secretario del Partido, Héctor Olimpo Espinosa, también le asiste la responsabilidad de evitar que por sus malas decisiones la colectividad vuele en mil pedazos y acaten las decisiones judiciales como se los ha recomendado Andrés Fernando Mesa Valencia, a quien como castigo no lo han reintegrado como Secretario Nacional de las juventudes liberales tal como lo ordenó el Consejo de Estado en 2015.
